Un informe hasta ahora confidencial de los servicios legales del Parlamento Europeo denuncia que el acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, que incluye las aguas del Sáhara Occidental, viola la legalidad internacional y los derechos del pueblo saharaui. La razón es que no existen "pruebas" de que "la contribución económica de la CE [Comisión Europea] sea utilizada en beneficio de la población del Sáhara Occidental", recalca el documento cuyo texto se filtró ayer, tras más de siete meses en los que se había mantenido en secreto.
El convenio con Marruecos, considerado de gran importancia política pero cuyo peso económico se ha visto muy mermado en relación con el precedente pacto pesquero, prevé licencias en aguas "de soberanía y de jurisdicción" [las saharauis] para 119 barcos comunitarios. Un centenar de ellos son españoles, lo que hace de nuestro país el principal beneficiario del acuerdo
En realidad, Marruecos no posee la condición de potencia administradora, que legalmente corresponde a España por lo que carece de "jurisdicción" alguna sobre las aguas saharauis. A cambio de estos derechos, la UE debe pagar una compensación de 36,1 millones de euros anuales durante los cuatro años de duración de este compromiso pesquero, vigente desde 2007.