La sociedad civil lleva a la Administración Española ante los tribunales
por la venta de armas a un país que viola los Derechos Humanos:
“El Gobierno ofrece confidencialidad a vendedores
y compradores de armas y desoye la voz de las víctimas”
Seis organizaciones jurídicas y sociales denuncian
al Ministerio de Industria en la Audiencia Nacional
para frenar la entrega de armamento bélico a Marruecos
Esta mañana, en la Audiencia Nacional, seis organizaciones jurídicas y sociales interponían un recurso contencioso administrativo contra una resolución del 29 de abril de 2010 de la Secretaria de Estado de Comercio para intentar frenar la venta de armas a Marruecos. Tres letrados acudían a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la madrileña calle Prim en representación de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU). Manuel Ollé, presidente de APDHE y abogado de la acción popular y de la acusación particular en la querella por el genocidio contra el pueblo del Sáhara Occidental; Inés Miranda -Premio Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBA)-, presidenta de JUPADEHU y conocida popularmente por ser la representante legal de Aminatou Haidar, y Luis Mangrané Cuevas, integrante del Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental y jurista experto en estas cuestiones, presentaban el recurso a las once y media de la mañana.
Estaban acompañados por dos víctimas del armamento bélico desplegado por el Gobierno marroquí en el Sáhara Occidental en torno al denominado Muro de la Vergüenza: Brahim Lahmaid Kori, un pastor al que una bomba amputó un brazo en el año 79 cuando recorría el desierto saharaui con su rebaño de cabras, y el joven de 19 años Ibrahím Husain Abait, que perdió el año pasado el pie y parte de la pierna derecha al pisar una mina antipersona. “30 años después la historia se sigue repitiendo”, declararon las víctimas, que insistieron en los riesgos en los que vive la población saharaui a causa de las armas utilizadas por el reino alauita para mantener la ocupación de su territorio.
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