09 Septiembre 2010
Estimado Sr. Jerzy Buzek
Somos un grupo de defensores de derechos humanos saharauis que han sufrido en numerosas ocasiones secuestro y encarcelamiento político a causa de nuestras opiniones y nuestras actividades como activistas de derechos humanos, como sindicalistas y como actores de la sociedad civil. Y, a causa de esto, algunos de nosotros hemos recibido importantes premios y reconocimiento por nuestra lucha y nuestra defensa proactiva de los derechos humanos.
El 8 de octubre de 2009, de vuelta de una visita de carácter humanitario a los campamentos de refugiados saharauis en el sur oeste de Argelia, fuimos arrestados en el aeropuerto Mohamed V de Casablanca por la Policía Criminal Marroquí, con la participación de otros cuerpos secretos y de seguridad marroquíes. Fuimos sometidos a interrogatorio durante ocho días y sufrimos una serie de abusos que no vamos a detallar en esta carta. Posteriormente, fuimos presentados ante el Juez de Instrucción de la Corte Militar marroquí en Rabat, un paso que sólo puede ser considerado como una decisión muy peligrosa. El Juez marroquí nos envió a prisión preventiva en la prisión local de Salé el 15 de octubre de 2009.
Sr. Presidente,
El 28 de enero de 2010, nuestra camarada, la Sra. Degja Lechgar, fue puesta en libertad condicional y, de forma similar, otros tres camaradas, el Sr. Yahdih Terrouzi, el Sr. Saleh Lebeihi y el Sr. Rachid Sghair, fueron también puestos en libertad el 18 de mayo de 2010 después de nuestra huelga de hambre, de 41 días de duración. Decidimos concluir nuestra huelga de hambre después de haber recibido la promesa de las autoridades de Marruecos de resolver nuestro caso. Pero, a pesar de todos los reiterados llamamientos de las organizaciones de derechos humanos marroquíes e internacionales y de instituciones gubernamentales y parlamentarias de muchos países, que exigían nuestra liberación inmediata e incondicional, el gobierno de Marruecos nos ha mantenido en detención preventiva, demostrando así su renuencia a presentarnos ante la corte o a liberarnos. Esta postura sólo puede ser considerada como una actitud ilegal y anómala que contraviene la legalidad internacional, que garantiza el derecho a un juicio justo en un plazo razonable de tiempo. Ahora, Sr. Presídete, hemos pasado más de 11 meses en prisión sin haber sido juzgados.





