LA UNIÓN EUROPEA Y EL EXPOLIO DEL SÁHARA

Un informe hasta ahora confidencial de los servicios legales del Parlamento Europeo denuncia que el acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, que incluye las aguas del Sáhara Occidental, viola la legalidad internacional y los derechos del pueblo saharaui. La razón es que no existen "pruebas" de que "la contribución económica de la CE [Comisión Europea] sea utilizada en beneficio de la población del Sáhara Occidental", recalca el documento cuyo texto se filtró ayer, tras más de siete meses en los que se había mantenido en secreto.

El convenio con Marruecos, considerado de gran importancia política pero cuyo peso económico se ha visto muy mermado en relación con el precedente pacto pesquero, prevé licencias en aguas "de soberanía y de jurisdicción" [las saharauis] para 119 barcos comunitarios. Un centenar de ellos son españoles, lo que hace de nuestro país el principal beneficiario del acuerdo

En realidad, Marruecos no posee la condición de potencia administradora, que legalmente corresponde a España por lo que carece de "jurisdicción" alguna sobre las aguas saharauis. A cambio de estos derechos, la UE debe pagar una compensación de 36,1 millones de euros anuales durante los cuatro años de duración de este compromiso pesquero, vigente desde 2007.

El dictamen de los servicios legales -que fue debatido ayer por la Comisión de Pesca de la Eurocámara- denuncia la ilegalidad no ya del convenio pesquero en sí, sino de su "aplicación". La razón es que las leyes internacionales condicionan la explotación de los recursos naturales de los territorios no autónomos un estatuto del que goza la ex colonia española en la ONU a que los beneficios que se obtengan de estas riquezas reviertan en el pueblo colonizado. A tenor de los servicios legales de la Eurocámara, esta condición no se cumple en el Sáhara ocupado por Marruecos desde 1975.

"Sobre la base de los elementos disponibles actualmente [...] y la falta de pruebas en los programas anual y plurianual de que la explotación de los recursos pesqueros en el Sáhara Occidental beneficia realmente al pueblo saharaui, se recomienda encarecidamente que la próxima reunión anual, o una reunión especial de la Comisión Mixta [UE y Marruecos], aborde estas cuestiones con el fin de encontrar una solución amistosa que respete plenamente los derechos del pueblo saharaui de acuerdo a la legalidad internacional", puntualiza el informe.

Si no se llegara a esta solución "amistosa", se "debe prever, o bien la suspensión del acuerdo [...], o bien su aplicación de forma que los buques de bandera comunitaria queden excluidos de la explotación de las aguas del Sáhara Occidental", prosigue el texto.

Un experto de este servicio jurídico, que compareció ayer ante la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, propuso una cuarta opción: no renovar el acuerdo, que expira el 28 de febrero de 2011. Si ninguna de las partes lo denuncia por escrito antes del 28 de agosto, seis meses antes de su conclusión, el pacto se prorrogará de forma automática.

Javier García Lachica, del Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW en sus siglas en inglés), considera que "cualquiera de las opciones que propone el informe sería adecuada si se respeta la legalidad internacional". Algo que hasta ahora no se ha producido, deplora el portavoz de WSRW, que valora que el documento haya dado un "toque de atención" a la UE. Una organización que "hasta ahora, daba la impresión de reforzar una ocupación ilegal".

Para García Lachica, "lo importante de este acuerdo es la institución que lo firma, que es la UE". El peso de la organización, y el ejemplo que podría dar si se suspendiera la pesca en aguas saharauis, serviría para disuadir a muchas empresas pequeñas ya instaladas en el territorio, que "contribuyen" a lo que WSRW define como un "expolio".

Frente a las denuncias de este observatorio que llevaba desde noviembre pidiendo que se hiciera público el dictamen, y las duras conclusiones del informe jurídico, la presidenta de la Comisión de Pesca de la UE, la eurodiputada conservadora Carmen Fraga, hija del fundador de Alianza Popular y ex ministro franquista, Manuel Fraga, respondió ayer señalando que parte del dinero del acuerdo sí beneficia al sector pesquero local, y citó inversiones en el puerto de El Aaiún. La misma línea defendida por Andrea Fontana, representante de Pesca de la Comisión Europea, que recalcó que no hay pruebas que indiquen que las actividades pesqueras no benefician a los saharauis.

Sin embargo, el informe legal precisa que "no es lo mismo" invertir en infraestructuras que destinar los beneficios de un recurso al pueblo saharaui. Para García Lachica, estos argumentos obvian que "no hay ni un puesto de trabajo vinculado al acuerdo ocupado por un saharaui".

El eurodiputado Raül Romeva (ICV-Verds) el grupo político de la Eurocámara que propició la elaboración del dictamen critica también los argumentos de la Comisión. "¿Cómo van a tener pruebas fiables si su único interlocutor es el Gobierno de Marruecos?", se pregunta. Romeva considera que es imprescindible una "suspensión del acuerdo hasta que se demuestre que revierte en el pueblo saharaui".

Para el portavoz de los Verdes, el fondo de la cuestión remite a la necesidad de que los "acuerdos comerciales estén supeditados al respeto a los derechos humanos", algo que, según él, "se sacrifica por parte de países como España en beneficio de las buenas relaciones bilaterales con Marruecos. El eurodiputado, miembro de la Comisión de Pesca, considera "inexplicable y muy decepcionante" el retraso en el debate de este informe, cuya discusión estaba prevista para el 28 de enero. Cinco días después, la Comisión Mixta UE-Marruecos se reunía en Rabat.

Bucharaya Beyún, delegado del Frente Polisario en España, está satisfecho por el dictamen legal pero no alberga grandes esperanzas de que cambie las cosas. "No creo que la presidencia española vaya a hacer nada, sobre todo si se tiene en cuenta las últimas declaraciones de Moratinos".

El delegado saharaui desconfía también de Carmen Fraga: "Una señora que no ha hecho más que aplazar el debate del informe". El Frente Polisario y WSRW pidieron ayer a la presidencia española una "respuesta" en favor de la población saharaui.

Mientras, la portavoz del PSOE en la Eurocámara, Josefa Andrés, reconocía que "la suspensión del acuerdo supondría un gran revés para las relaciones con Marruecos".

Fuente: Publico 24-2-10
Wilfredo Lam