OAPSO

ANTE LAS DETENCIONES DE JURISTAS EN RABAT POR APOYAR LOS DERECHOS HUMANOS  (6 DE ABRIL DE 2016)

DECLARACIÓN DEL OBSERVATORIO ASTURIANO DE DERECHOS HUMANOS PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL (OAPSO)

            Hace algo más de tres años 25 ciudadanos saharauis fueron condenados por el Tribunal Militar de Rabat a penas de prisión de 20, 25, 30 y cadena perpetua. Su “crimen” era el  haber participado en el campamento de  Gdeim Izik, que se constituyó a las afueras de El Aaiún, capital del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, el 10 de octubre de 2010, y  albergó a más de veinte mil saharauis que reivindicaban pacíficamente mejoras sociales del gobierno marroquí y protestaban por la discriminación a la que estaban siendo sometidos desde la ocupación de su territorio en el ya lejano año 1975.

            Conviene recordar que el juicio desarrollado en febrero de  2013 fue seguido por numerosos observadores internacionales -juristas buena parte de ellos- que pudieron comprobar la absoluta falta de garantías en el desarrollo del mismo. Sin embargo, pese a las severas condenas impuestas, nuestro Estado adoptó un mutismo que contrasta con su preocupación por el respeto de los derechos humanos en otros lugares, pese a que nuestro Estado tiene una responsabilidad jurídica -y no sólo moral- respecto a la población saharaui.

            Algunos de los condenados son miembros destacados de asociaciones de defensa de los Derechos Humanos saharauis y el pasado 1 de marzo iniciaron una huelga de hambre en señal de protesta por su situación en la prisión de Salé y por la ilegalidad del juicio celebrado en febrero de 2013.La huelga de hambre se prolongó durante 37 días, comprometiendo la salud de algunos de los presos.

            El pasado día 6 de abril varios juristas, miembros de Observatorios de Derechos Humanos se desplazaron a Rabat para mostrar su apoyo a los presos políticos y expresar ante los organismos competentes su preocupación por el estado de salud de los presos políticos y por la vulneración de derechos y falta de garantías del proceso ante el Tribunal militar. Algunos de ellos ya habían asistido como observadores al juicio celebrado en febrero de 2013, por lo que conocían de primera mano la situación.

            El mismo día de la llegada a Rabat, cuando los juristas se encontraban en el hotel y antes de iniciar ninguna de las visitas programadas, a las 18.30 horas la policía marroquí se presentó en el hotel y les condujo a la comisaría, retirándoles los pasaportes y teléfonos permaneciendo incomunicados hasta las 23.30 que les entregan los teléfonos. Durante esas cinco horas no pudieron hacer ninguna llamada ni se informó de la situación en la que se encontraban, negándoles por tanto los derechos que como supuestos detenidos habrían debido disfrutar de acuerdo con la Constitución marroquí y los tratados internacionales en vigor -que Marruecos dice respetar. El día 7  fueron expulsados de Marruecos, sin motivo que lo justifique.

            Frente a la gravedad de los hechos, el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental (OAPSO),cuyo vicepresidente figuraba entre los juristas detenidos:

            EXPRESA su más rotunda condena al comportamiento desarrollado por las autoridades marroquíes, que violando su propia Constitución, ha adoptado medidas de detención ilegal contra los juristas participantes en la misión de solidaridad.

            EXIGE que nuestro Estado brinde la adecuada protección a los ciudadanos que -en calidad de observadores- se desplazan tanto a Marruecos como al territorio ocupado del Sáhara Occidental, reclamando de las autoridades marroquíes el respeto de las normas elementales en materia de respeto de los derechos humanos.

            URGE a las autoridades españolas a que acuerden todas las medidas necesarias -incluida la exigencia a Marruecos de garantías de no repetición de tales hechos- así como el apercibimiento de la adopción de las medidas restrictivas a que ha lugar en Derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho internacional, incluidos los acuerdos concluidos con la Unión Europea.

            RECLAMA asimismo de nuestro Estado el que de conformidad con sus obligaciones como Potencia Administradora de jure del territorio del Sáhara Occidental, como Estado miembro de la UE y como Estado Parte en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se interese de una vez por la situación derivada de los juicios ilegales desarrollados en 2013, así como por la suerte de los ciudadanos saharauis víctimas de las flagrantes violaciones de sus derechos humanos cometidas entonces y perpetuadas a través de su reclusión y maltrato en las prisiones marroquíes.

            En Oviedo, a 8 de abril de 2016.