DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL

El día 26 de junio de 2.009 el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, el parlamento de la Comunidad Autónoma de Asturias, expresó de forma institucionalizada con ocasión del día del refugiado lo que es un sentir mayoritario de los asturianos, en los siguientes términos:

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En numerosas ocasiones la Junta General del Principado de Asturias ha manifestado su apoyo y compromiso con el Pueblo Saharaui a través de diversas declaraciones institucionales y de la constitución del “Intergrupo Parlamentario Asturiano de Solidaridad con el Pueblo Saharaui”.

Pasados los años, éste es uno de los conflictos que se pretende olvidar en la esfera internacional, y con ello dejar a la población en el desamparo, vagando en el exilio hasta que su causa y territorio sean integrados en Marruecos, todo ello haciendo caso omiso de la justas reivindicaciones del Frente Polisario y, por tanto, imponiendo una situación geopolítica por parte de potencias extranjeras que apoyan al Reino de Marruecos.

El conflicto en el Sahara Occidental está estancado desde 1991, a la espera de un referéndum de autodeterminación que, debido a la resistencia del Reino de Marruecos y la pasividad de las Naciones Unidas, no termina de celebrarse. Mientras tanto, cientos de miles de saharauis continúan resistiendo en los Campamentos de Refugiados/as de Tinduf, en condiciones de absoluta necesidad de atención y asistencia por parte de las agencias internacionales de Ayuda Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Las circunstancias no son mejores para los los/as saharauis que resisten en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos y cuyos derechos humanos son sistemáticamente violados por las fuerzas militares, policiales y paramilitares que tienen presencia en el territorio. Esta grave situación está certificada por los informes de reconocidas organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el más reciente del Parlamento Europeo, entre otros.

Una resolución especial de la Asamblea General de la O.N.U., adoptada por unanimidad en el año 2000, designó el 20 de junio de cada año como Día Mundial del Refugiado/a. El propósito de este día es dirigir la atención a la situación grave de los/as refugiados/as y recordar nuestra responsabilidad de solucionar problemas relacionados con su situación.

Recientemente, el 30 de abril de este año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó la resolución 1.871 en la que se insta al Reino de Marruecos y al Frente Polisario, en su condición de único y legítimo representante del Pueblo Saharaui, a reanudar las negociaciones “sin condiciones previas y de buena fe”, con el fin de llegar a “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”. El impulso que pretende dar esta resolución (otra más) es una oportunidad para que la Comunidad Internacional dé prioridad al conflicto del Sahara Occidental y se comprometa con una solución justa del mismo que dé sentido a los 34 años que la población saharaui lleva resistiendo tanto en el exilio de los campamentos de refugiados/as en Tinduf como en el territorio bajo ocupación marroquí.

De igual forma, el Parlamento Europeo en la Resolución sobre los Derechos Humanos en el Sahara Occidental (26/10/2005), al tiempo que “apoya una solución justa y definitiva del conflicto del Sahara Occidental, basada en el Derecho y la legalidad internacional, partiendo de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, y en especial de la resolución 1495”, pide protección para la población saharaui, el respeto de sus derechos fundamentales, en particular, la libertad de expresión y la libertad de circulación, de conformidad con las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y convenios internacionales en materia esta materia.

Debido a la historia del origen del conflicto, es evidente que el Estado Español tiene contraída una deuda política y moral para con el Pueblo Saharaui y su justa causa, sobre la base de que España ha sido y sigue siendo parte del problema, dada su todavía responsabilidad jurídica con el territorio, y por tanto está obligada a ser parte de la solución.

Es por estas razones por las que la Junta General del Principado de Asturias insta al Gobierno de España y a la Unión Europea a que:

1. Adopten una posición firme y activa, tanto propia como en relación al resto de la comunidad internacional de dignidad y defensa del derecho del Pueblo Saharaui a la libre determinación mediante la exigencia de la convocatoria y celebración de un referéndum libre, transparente, verificable e imparcial que contemple, entre otras, la opción de la independencia del Sahara Occidental.

2. Condenen la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte del Reino de Marruecos en el Sahara Occidental y exijan a Naciones que entre los cometidos de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (M.I.N.U.R.S.O.) se incluya la protección de los derechos humanos de la población saharaui.

3. Denuncien y se opongan al expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental, por constituir una actividad ilegal, según el Derecho Internacional, ya que se trata de un territorio autónomo pendiente de descolonización.

4. Continúen e intensifiquen la colaboración en relación a la Ayuda Humanitaria y la cooperación en los campamentos de refugiados saharauis a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) e intervenga ante las Agencias Internacionales Programa Mundial de Alimentos (P.A.M.), Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) exigiéndoles el cumplimiento de sus obligaciones de atención a la población refugiada saharaui mediante la dotación de los fondos necesarios que eviten una crisis humanitaria.

5. Apoyen los objetivos estratégicos de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis en su lucha por la emancipación de la mujer, así como los proyectos de cooperación relacionados con la profundización de sus conocimientos y formación política y profesional, con el fin de garantizar su activa participación en los ámbitos político, económico y social, tanto en el presente como en el futuro.